El parlamento escocés recuerda a la política Margo MacDonald

Desde hace unos días, las paredes de Holyrood tienen que hacer un esfuerzo extra para tenerse en pie: de ellas cuelga el retrato de un peso pesado de la política escocesa, Margo MacDonald.  Ella fue la impulsora del debate sobre el suicidio asistido en Escocia, un asunto que fue rechazado en el Parlamento por última vez en mayo de 2015.

A continuación se incluye el reportaje que escribí sobre el tema para la web The Spanish Herald, ahora desaparecida. El texto fue publicado el 21/12/2014, cuando la propuesta estaba siendo estudiada y debatida por el Parlamento.

 

Escocia, en pleno debate sobre la legalización del suicidio asistido

21/12/2016

EVA YERA. Margo MacDonald no se dio por vencida. La veterana política, miembro independiente del Parlamento escocés, lo intentó dos veces antes de morir el pasado abril aquejada de Parkinson. Basándose en su propia experiencia, abrió el debate sobre la legalización del suicidio asistido presentando una proposición de ley que fue rechazada en 2010 por una mayoría aplastante. Tres años después, más débil pero con mayor visibilidad, MacDonald empezó de nuevo. En noviembre de 2013 volvió a presentar su propuesta, la Assisted Suicide (Scotland) Bill, que hoy por hoy se discute en el Parlamento sin la presencia de su impulsora.

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Retraro de Margo MacDonald. Foto extraída de www.heraldscotland.com

El proceso legislativo en Escocia se encuentra ahora en la primera fase de tres. El pasado 25 de noviembre finalizó, después de un año, su consideración por parte de las comisiones competentes: Salud y Deporte, la principal, y Justicia, la secundaria. En enero de 2015 se reanudará el debate con los testimonios orales de los colectivos afectados: profesionales de la medicina y del derecho, expertos en ética, especialistas en cuidados paliativos, grupos religiosos, plataformas de defensa y de oposición al suicidio asistido, y asociaciones en representación de las personas con alguna discapacidad o enfermedad degenerativa. En total,  casi cuarenta alocuciones que se cerrarán el 17 de febrero con el alegato de Patrick Harvey, coordinador de los Verdes, quien lleva las riendas de este cometido tras la muerte de Margo MacDonald.

Pros y contras según los ‘campaigners’

El camino hasta la resolución final es largo y pausado pero, entre tanto, las campañas de apoyo y rechazo mantienen vivo el debate fuera del Parlamento. Su objetivo es conectar a la sociedad con un tema que, de algún modo, replantea la tradicional concepción occidental sobre la muerte; pero sobre todo, buscan concienciar sobre sus respectivas y enfrentadas causas.

Además de las instituciones religiosas como Church of Scotland, otras plataformas hacen campaña contra la propuesta de ley. Care for Scotland o Care Not Killing son dos de ellas. Esta última recoge en su página web sus argumentos para oponerse: “La presión que la gente sentirá para acabar con su vida si el suicidio asistido o la eutanasia se legalizan se verá acentuada con la crisis”, expone. La organización considera que “incluso en una sociedad democrática, la libertad tiene unos límites. No debe modificarse la ley para adaptarla a los deseos de un número reducido de personas desesperadas y decididas”.

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Foto de Marta Girón Adán

Friends At The End, Humanist Society of Scotland y My Life, My Death, My Choice, hacen campaña para inclinar la balanza hacia el lado contrario. Defienden la despenalización del suicidio asistido con las mismas razones que la propia proposición de ley, expuestas en su memorando: “permitir a los que desean conservar el control de sus vidas tener una muerte digna, basada en su propia decisión, en lugar de hacer frente a una calidad de vida cada vez más limitada”. También se dedica aquí un apartado a los médicos: “La propuesta ofrece transparencia y consistencia para los profesionales de la medicina […] Es injusto que esperemos que vayan a poner en peligro su reputación o, incluso peor, arriesgarse a ser procesados por hacer lo que ellos consideran mejor para el interés de sus pacientes”.

Los mayores obstáculos

El texto, que se puede consultar en la web del Scottish Parliament, cita después a Harold Shipman (un médico de cabecera inglés condenado en el año 2000 por matar a quince de sus pacientes con inyecciones de morfina) como responsable de que, tras su caso, los médicos de UK tienen reparos a la hora de tomar estas decisiones que pueden acortar la vida del paciente a cambio de aliviar su sufrimiento. Para no comprometer a los profesionales, la Assisted Suicide (Scotland) Bill mantiene la prohibición de la eutanasia, dejando en manos de los pacientes la ejecución de su propia muerte.

La sombra de Harold Shipman no es el único obstáculo al que se enfrenta la proposición de ley. Aunque la plataforma My Life, My Death, My Choice estima que el 69% de los votantes escoceses pide su aprobación, lo cierto es que solo 19 de los 129 diputados del Parlamento escocés suscribieron el nuevo borrador. Además, entre los 85 diputados que en 2010 se opusieron a dar luz verde a la ley figuraban nombres tan potentes como el de Alex Salmond, ex Principal Ministro de Escocia y líder del SNP,  y Nicola Sturgeon, su sucesora en ambos cargos.  

Recientemente, Reino Unido ha rechazado tres veces la reforma de la ley. Aparte de la ya citada en 2010 en el Parlamento de Escocia, la Cámara de los Lores lo hizo en 2006 y 2009 con propuestas similares. Pero en el Palacio de Westminster el debate también ha resurgido ahora a raíz de la Assisted Dying Bill –que se aplicaría en Inglaterra y Gales- presentada por el laborista Charles Falconer.

En el mundo y en España

Con dos proposiciones de ley sobre el “derecho a morir” discutiéndose en sendas cámaras británicas, Reindo Unido –bien Escocia o bien Inglaterra y Gales- podría convertirse en el séptimo país del mundo en aprobar una medida de este tipo, en la que se despenaliza el suicidio asistido o la eutanasia en casos de personas con enfermedades terminales o degenerativas. Suiza encabeza la lista desde los años 40, seguida de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, los estados de Oregón, Washington, Montana y Vermont en Estados Unidos, y Québec en Canadá.

En España, el tema está indefectiblemente unido al caso de Ramón Sampedro, que en 1998 decidió poner fin a su vida -después de 30 años padeciendo una tetraplejía- sin el consentimiento de la justicia. La policía detuvo en un primer momento a Ramona Maneiro, íntima amiga de Sampedro, que ante la falta de pruebas quedó en libertad sin cargos pero imputada por un delito de cooperación necesaria al suicidio.

De hecho, la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal criminaliza en su artículo 143 la inducción al suicidio y la cooperación con actos necesarios al suicidio de otra persona. Sin embargo, el último punto del artículo matiza que si esta cooperación se produce por la petición expresa de quien sufre “una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”, la pena será inferior que para los otros casos.

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Ramón Sampedro. Foto extraída de milinviernos.com

Según las estadísticas de Dignitas (la clínica suiza de referencia en la materia), 21 españoles hicieron el viaje sin regreso a sus instalaciones entre 1998 y 2013. Una cifra muy pequeña en comparación con el número de británicos que decidieron poner fin a sus vidas en el mismo periodo: 244. Se convierte así en el segundo país, después de Alemania, que más casos registra del llamado “turismo de la muerte”, algo que alerta a los defensores del suicidio asistido. Denuncian que estas personas tengan que cruzar fronteras y viajar lejos de casa para poner fin a sus vidas, y reivindican el derecho a morir en el propio país. Por su parte, los detractores de la reforma consideran que su aprobación podría convertir a Escocia en otro destino del “turismo de la muerte” o incluso incrementar el número de los ciudadanos escoceses que deciden morir de este modo, alentados y protegidos por la ley.

Reino Unido, aunque no ha legalizado ningún tipo de muerte asistida, no esconde el tema en el cajón. Además de discutir en sus parlamentos –ya sea en Holyrood o en Westminster- las mil aristas éticas, médicas o legales que lo envuelven, lo ha lanzado a la sociedad a través de la cadena pública. La BBC ha producido y emitido dos famosos documentales sobre la materia: When assisted death is legal, con la colaboración de Margo MacDonald, y Choosing to die, que muestra cómo Terry Pratchett, británico de 71 años, se enfrenta al suicidio asistido en la clínica de Dignitas en Suiza. Este último fue duramente criticado por los opositores de esta práctica, y aunque la ley persigue a aquellos que incitan al suicidio de otros, el programa pasó la barrera al ser considerado de interés público. Porque el debate, la exposición de ideas opuestas o complementarias, sea cual sea el tema y el resultado final, siempre enriquece a las sociedades. Escocia, como Inglaterra y Gales, se enriquece ahora a raíz de esta disyuntiva que, poco a poco, va sustituyendo la etiqueta de “controvertida” por la de “necesaria”.  

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