¿Os imagináis poder evitar la burocracia que supone poner en marcha una iniciativa legislativa popular? “Bueno, hoy en día tenemos Change.org“, se podría pensar. Sin embargo, cabe preguntarse si una web de peticiones con ánimo de lucro sin validez legislativa, que no hace públicos sus beneficios y que está radicada en Delaware, una suerte de paraíso fiscal, nos parece la mejor opción para actuar en pos de la justicia social.

¿No tendría más sentido una plataforma online pública, sin ánimo de lucro y completamente transparente en la que poder formular peticiones? Y aún más…¿que esas peticiones se debatieran directamente en el Parlamento?

Parece una utopía en un país que lleva 9 meses en shock por la caída del bipartidismo. España es una gran paradoja (ya lo evidenció Gabriel Rufián durante el último debate de investidura) dirigida desde hace lustros por corruptos confesos, salidos del armario con la cabeza bien alta. El Gobierno y las instituciones celebran su Corruption Pride a diario desde 1978.

Mientras tanto, a unos 2.000 km al norte flota un país llamado Reino Unido que, aunque tiene muchas carencias, sí nos lleva cierta ventaja en cuanto a comprensión democrática. En Reino Unido se han celebrado dos referendos en los últimos dos años: uno, en 2014, para decidir sobre la permanencia o independencia de Escocia de Reino Unido; el otro, en 2016, para elegir si continuar o abandonar la UE. Ya conocemos el resultado de ambos.

Pues bien, en Reino Unido también hay una web institucional para que cualquier ciudadano británico o residente presente -o suscriba- una petición que podría ser debatida en el Parlamento si superara las 100.000 firmas.

Lo descubrí el mismo día en que se supo que el Brexit era Brexit. Hasta ese momento ni me había inmutado, ajena al huracán mediático y despreciando en parte lo que entendía como un teatrillo que no iba a ninguna parte. Me equivoqué por muchas razones, especialmente por arrogancia y por no saber mirar más allá de mi propio entorno, pero eso ya es otra historia.

El 24 de junio de 2016 circulaba el enlace a la petición por los grupos de Facebook, por Whatsapp y por el correo interno del trabajo: “Que se celebre otro referéndum si el voto de cualquiera de las opciones es menor al 60% con una participación menor al 75%”.

La petición, que fue creada en mayo por un pro-Brexit, se ha convertido ahora en causa de los europeístas y suma más de 4 millones de firmas. Los firmantes hemos ido recibiendo e-mails del Gobierno con información actualizada sobre la progresión de esta propuesta:

09/07/2016 – El Gobierno responde formalmente a la petición indicando que no hay vuelta atrás, ya que las condiciones del referéndum fueron aprobadas por las dos cámaras del Parlamento y en ellas no se especificaba nada respecto a la participación o umbral mínimo.

13/07/2016 – El Comité de Peticiones confirma que se ha decidido llevar a cabo un debate para discutir el tema de la petición en el Parlamento.

05/09/2016 – La Cámara de los Comunes debate el asunto durante más de tres horas. El sistema de peticiones online envía un mensaje automático a los firmantes facilitando los enlaces para ver o leer la transcripción de la sesión al completo.

DEBATE SOBRE UN SEGUNDO REFERÉNDUM 

Ian Blackford, diputado del Partido Nacionalista Escocés (o Scottish National Party) ha promovido y apoyado el debate, y ha aprovechado la oportunidad para hacer un llamamiento a un segundo referéndum, sí, pero sobre la independencia de Escocia. “El Partido Laborista dijo a los escoceses que si no se independizaban de Reino Unido, su lugar en Europa estaba garantizado. Los escoceses fueron engañados. Nosotros protegeremos la posición de Escocia en la UE con todas las medidas necesarias, incluido un segundo referéndum para la independencia”, ha dicho Blackford.

Aunque el debate no era vinculante y el Gobierno ya ha sentenciado que no hay vuelta atrás, los diputados han tenido la ocasión de expresar sus opiniones al respecto.

Los defensores de la permanencia de Reino Unido en Europa reconocen que los resultados, muy ajustados, son “incómodos”, y que el país está viviendo en la incertidumbre. Por otro lado, algunos conservadores como Peter Lilley defienden que esto es ya un caso cerrado: “Esta ha sido una decisión democrática directa y ningún Gobierno puede ignorar el resultado. Tener una segunda negociación [de los términos] seguida de un segundo referéndum es una opción que no estaba en las papeletas.”

El representante del Parlamento para la Salida de Reino Unido de la Unión Europea, el conservador Robin Walker, secunda las palabras de su compañero de partido en su enunciado final: “La participación [del Referéndum] ha sido mayor que la de todas las elecciones generales desde 1992 […] Ningún partido ni Primer Ministro ha conseguido más votos en la historia que los que consiguió en junio la opción de abandonar la Unión Europea”. Y, concluye Walker, “no habrá un segundo referéndum”. Al menos, no en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Tras este pequeño resumen extraigo la conclusión de que el “activismo de sillón” puede desprenderse de su connotación negativa; de que puede llevarse a cabo en unas condiciones dignas y respetables, siempre y cuando las plataformas para ejercerlo respondan ante los mismos principios por los que se lucha en las reivindicaciones que en ellas se incrustan. El ejemplo de Reino Unido demuestra que si existe coherencia, información, voluntad de cambio y -sobre todo- respaldo legal e institucional para nuestras peticiones ¿qué más da la forma en que nos manifestemos?